La logística sanitaria representa un grupo heterogéneo de conocimientos, herramientas y actividades que tienen como objetivo garantizar el suministro adecuado y en tiempo de los productos, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de las organizaciones hospitalarias. Es, por lo tanto, una actividad esencial para el funcionamiento de los servicios de salud autonómicos, especialmente en situaciones de emergencia y crisis sanitaria.
La logística es también una de las actividades fundamentales de la función de compra pública sanitaria, por lo que sin ella los hospitales no podrán canalizar y utilizar los recursos necesarios para llevar a cabo los servicios asistenciales, ni garantizar la seguridad del paciente, minimizando la posibilidad de eventos adversos derivados de errores en la cadena de suministro.
La contratación pública sería, a su vez, otro de los elementos constitutivos de la función de compra pública sanitaria, de tal forma que contratación y logística son determinantes en la forma en la que se adquieren y asignan los bienes y servicios por parte de los órganos de contratación para que puedan ser utilizados por el personal asistencial; esto implica que debe existir una estrecha coordinación y colaboración entre ambas actividades, bajo la dependencia de una estrategia global definida vertical y horizontalmente (sistemas de gestión de la compra).
Por otro lado, en la actualidad vivimos una situación difícil para la logística sanitaria, derivada de cambios a varios niveles en el orden geopolítico internacional. En efecto, estamos inmersos en un complejo proceso de alternancia en el liderazgo económico, político y militar, que se ha desplazado desde Occidente hacia Oriente. Un cambio de paradigma que ha generado un escenario muy complejo e impredecible, en el que la cadena de suministro global está dando síntomas de incapacidad, limitaciones y saturación.
Los factores desencadenantes son, por lo tanto, variados y el desajuste tiene un marcado carácter estructural, no meramente de coyuntura. Si bien se identifica a la pandemia como causa inicial de las alteraciones y cuellos de botella en las cadenas de suministro, por un lado y, por otro, a la guerra de Ucrania como origen de la crisis energética, lo cierto es que la complejidad del escenario actual se debe, junto con estos factores desencadenantes, a otros más subyacentes; como la desindustrialización de los países europeos, y especialmente España, y la carestía de materias primas estratégicas por el acaparamiento de China.
De hecho, es probable que el aumento de la inflación tenga más que ver con esto último y con causas basadas en las políticas fiscales de recuperación, que con las consecuencias de la pandemia; por mucho que éste fuera el factor desencadenante de la alteración de los precios.
En cualquier caso, es más que probable que los problemas en las cadenas de suministros no remitan en el corto plazo.
Como decíamos más arriba, ante tales circunstancias, la ausencia de estrategias nacionales definidas y de modelos de gestión y de análisis del riesgo coherentes con la situación está teniendo un impacto directo en la forma en la que las organizaciones sanitarias están dando respuesta a los retos planteados por la volatilidad y la escalada de precios, y la escasez o racionamiento de materias primas y productos manufacturados esenciales.
En todo caso, los riesgos inherentes a la contratación pública es uno de los aspectos más complejos a la hora de definir el ciclo de vida del contrato (estudios de mercado, determinación de las necesidades, selección de licitadores y ofertas, ejecución, etc.), puesto que son muchos los riesgos que pueden dar al traste con la eficacia de la contratación y que deben ser tenidos en cuenta, tanto por la legislación aplicable, como a la hora de diseñar los pliegos rectores.
Podemos considerar como suficientemente válida la definición que de riesgo hace la norma UNE-ISO 31000 Gestión del Riesgo (2018), cuando dice que: «riesgo es el efecto de la incertidumbre en la consecución de objetivos».
Así pues, y con estos antecedentes, los responsables de la logística y la contratación pública sanitarias se enfrentan a un desafío sin precedentes, ya que los mecanismos jurídicos existentes no contemplan soluciones explícitas para situaciones tan complejas como lo son la adquisición de bienes y servicios sanitarios en entornos volátiles. Es por ello que la tarea de los responsables de compra se torna aún más ardua, ya que, ante las circunstancias actuales que pueden llegar a convertir a determinados contratos en inoperantes y antieconómicos, deben encontrar la manera de obtener los recursos necesarios para hacer frente al mantenimiento de la actividad asistencial, a pesar de las limitaciones legales y físicas existentes.
En efecto, la rigidez del marco jurídico de la compra administrativa precisa de una interpretación más abierta por parte de los órganos de control, especialmente aquellos que intervienen de forma previa, que permita ajustar el espíritu de las normas a la realidad social y económica del momento ya que, de otro modo, posiciones excesivamente literalistas y garantistas pueden representar un bloqueante adicional que convierta a determinados contratos en inoperantes y antieconómicos.
Urge pues definir y poner en práctica una revisión de los procesos, recursos, metodologías, herramientas e instrumentos jurídicos disponibles para adaptarlos a la realidad de los hechos, así como promover aquellos cambios legislativos necesarios para afrontar la grave situación y minimizar su impacto en todos los órdenes, en el más breve espacio de tiempo posible.
